El Ministro de Desregulación sostiene que el DNU rechazado en el Congreso hubiera permitido ahorros del 30 al 40% en el transporte fluvial y marítimo. Esa afirmación es completamente falsa.
RESPUESTA AL COMUNICADO DEL MINISTRO DE DESREGULACIÓN
El Ministro de Desregulación sostiene que el DNU rechazado en el Congreso hubiera permitido ahorros del 30 al 40% en el transporte fluvial y marítimo. Esa afirmación es completamente falsa. Los supuestos ahorros no provenían de una mejora en la eficiencia, sino de precarizar el trabajo argentino, habilitando que embarcaciones extranjeras con banderas de conveniencia operen en nuestras aguas sin cumplir con normas laborales, previsionales ni de seguridad social. Además, el propio comunicado reivindica una desregulación de los años 90 bajo el Decreto 1772-91 (decreto declarado inconstitucional en septiembre de 2010) durante la presidencia de Carlos Saul Menen como si hubiera sido positiva, cuando todos sabemos que fue devastadora: se perdió la línea de bandera ELMA, la Flota Fluvial del Estado y desaparecieron los armadores argentinos que aún resistían. De ser una de las naciones más pujantes del mundo en el sector marítimo y fluvial, pasamos a no tener prácticamente nada. Los datos son contundentes: la Argentina llegó a contar con más de 150 buques de bandera nacional, y tras esa desregulación la flota quedó reducida a menos de una decena.
El Ministro también afirma que la reforma tenía un amplio consenso y que hasta los gremios apoyaban la medida. Esto es otra mentira. Todos los sindicatos marítimos y fluviales rechazamos la iniciativa desde un primer momento porque significaba la destrucción del cabotaje nacional. Lejos de haber consenso, lo que hubo fue un absoluto desinterés por escuchar a los actores del sector. Fuimos totalmente inconsultos: nos cansamos de pedir audiencias tanto a la ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (hoy transformada en la ANPyN) como al propio Ministro de Desregulación. Presentamos solicitudes en la mesa de entrada del ministerio y realizamos marchas para ser escuchados, pero nunca fuimos citados.
En el comunicado oficial se sostiene que la actividad había quedado reducida a una sola empresa “cobrando tarifas estrafalarias”. Eso no es cierto. Hoy existen varias empresas de bandera argentina que sostienen la actividad, generan empleo formal y cumplen con todas las regulaciones vigentes. La falacia del “monopolio” busca instalar la idea de que abrir el cabotaje a flotas extranjeras era la única salida, cuando en realidad lo que hace falta es fortalecer la flota nacional. Cabe recordar que tanto los gremios como las cámaras empresarias articulamos un proyecto de ley con amplio consenso entre sindicatos y empresas el cual hoy cuenta con tratamiento parlamentario en ambas cámaras (2857-D-2024 Diputados y 0024-2025 Senadores). Reclamamos en reiteradas ocasiones una mesa de trabajo donde estén representadas todas las partes involucradas, con el objetivo de encontrar mecanismos que mejoren la competitividad del sector. Nuestro planteo fue siempre claro: los trabajadores no podemos ser la única variable de ajuste. Pero tampoco allí fuimos escuchados.
El ministro llega incluso a acusar a una empresa y a los sindicatos de haber hecho lobby. Nada más alejado de la realidad. Los gremios no hacemos lobby: defendemos el trabajo argentino. Lo que hicimos fue recurrir a la Justicia (Amparos: CJOMN 21954/25 – CCUOMM 21024/25 – SEEN 22258/25 – SOMU 21021/25 – SICONARA 20470/25 – CENTRO DE PATRONES 21941/25) y al Congreso (rechazado por ambas cámaras), como corresponde en una democracia, para frenar un decreto inconstitucional que vulneraba la soberanía y entregaba el cabotaje nacional a intereses extranjeros.
Respecto al supuesto “aumento de costos” por la caída del decreto, la realidad es exactamente la contraria. Si se destruye la marina mercante nacional, el país queda a merced de flotas extranjeras que podrán fijar tarifas a su antojo (un claro ejemplo fue lo sucedido durante la pandemia Covid 19 en donde los costos internacionales y particularmente en la región aumentaron por encima del 400%). Esa dependencia sí encarece la logística y compromete la soberanía nacional. Además, no se trata solo de costos: hablamos de la pérdida de miles de puestos de trabajo directos e indirectos, del abandono de comunidades enteras con tradición marítima y fluvial que viven exclusivamente de esta actividad, tanto en el litoral marítimo como en provincias donde se concentra gran parte de la tripulación argentina. La desregulación implicaba condenar a la extinción a pueblos enteros que hoy dependen de la marina mercante.
Se menciona además que el mayor perjudicado sería YPF y la industria energética. Este argumento carece de sustento. YPF ya opera con barcos de bandera argentina y existen proyectos concretos de transporte fluvial vinculados a Vaca Muerta. El problema no son las leyes laborales ni previsionales, sino la ausencia de políticas de inversión en infraestructura, costos aduaneros y portuarios. Entregar el cabotaje a flotas extranjeras no soluciona nada: agrava la dependencia y reduce la capacidad estratégica del país.
El comunicado asegura que la caída del decreto significa menos inversiones, menos trabajo y menos competitividad. La realidad es exactamente la opuesta: la derogación protege a la Marina Mercante argentina, la industria naval, los puestos de trabajo y la seguridad en nuestras aguas. Eso es lo que garantiza más empleo, desarrollo tecnológico e inversión local. Lo que se evitó fue un esquema de colonización del transporte, en beneficio de flotas extranjeras y en perjuicio de la Nación. A esto se suma un aspecto central que el ministro omite: entregar el cabotaje deja a la Argentina sin capacidad de reserva naval para un eventual conflicto, donde el apoyo logístico de la flota mercante resulta vital para la defensa nacional.
Finalmente, se plantea un falso dilema de “libertad o kirchnerismo”, intentando reducir un tema de soberanía nacional a una disputa partidaria. La discusión no es electoral ni ideológica: es la defensa del trabajo argentino, de la industria naval y de la soberanía sobre nuestras vías navegables. La “libertad” que se invoca no es otra cosa que la libertad de las multinacionales para precarizar, destruir la industria nacional y llevarse la riqueza del país.
En resumen, el DNU que se quiso imponer no era una modernización ni una mejora, sino una entrega del cabotaje nacional.
Los gremios marítimos reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la soberanía, los puestos de trabajo y una marina mercante argentina fuerte, competitiva y segura.
